El gobierno de Nicolás Maduro pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) limitar la participación de las víctimas en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La comunicación fue enviada el pasado 10 de noviembre por el Estado venezolano en respuesta a la solicitud del fiscal Karim Khan pidiendo autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI para retomar la investigación.
Las autoridades venezolanas se oponen a la participación directa de las víctimas y sus representantes, por lo que pidieron que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI y restringidos solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI.
Esto quiere decir que ni las víctimas ni sus representantes podrían presentar sus puntos de vista y peticiones, ni incorporar nuevas evidencias sobre otros casos que puedan ampliar el expediente sobre Venezuela.
De igual manera, el Estado pidió a los jueces de la CPI que no se permita la participación en este procedimiento de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que son los países parte que remitieron la situación.
Finalmente, el gobierno de Nicolás Maduro se opuso a la solicitud del fiscal para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar que se retome la investigación y pidió mayores plazos para responder, además de poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente dentro de este.
¿Qué dijo Provea?
Por su parte, Provea advirtió que este documento forma parte de la estrategia dilatoria del Gobierno para mantener paralizadas las facultades investigativas del fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible.
“Esta comunicación ratifica el desprecio de las autoridades venezolanas por las víctimas y sus reclamos de justicia, así como su escasa voluntad de cumplir genuinamente con el principio de complementariedad”, escribió en Twitter.
