El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que en lo que va del año 2022 se han imputado a 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares por violaciones a los derechos humanos.
Durante un balance ofrecido en rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas, destacó que esta cifra es la más alta de los últimos cinco años y representa más del doble de las imputaciones realizadas en el año 2021. Añadió que en total, desde su llegada a esta institución, se han imputado un total de 1.463 personas por cometer abusos y violaciones en esta materia.
En cuanto al número de acusaciones, el fiscal general resaltó que asciende a 398 funcionarios y 34 civiles colaboradores, lo que arroja un total de 432 personas acusadas durante 2022, mientras que desde el 2017 la cifra total de acusados alcanza 1.627 entre funcionarios y civiles.
También informó que en lo que va de este año han sido detenidos 181 funcionarios y 8 civiles por violaciones a los derechos humanos, y que desde 2017 a la fecha van 769 funcionarios y 39 civiles, para un total de 808 privados de libertad.
Igualmente, precisó que el Ministerio Público (MP) ha logrado durante el año condenas contra 64 funcionarios y 19 civiles, para un total de 83; siendo el total de condenados desde 2017 de 358, de los cuales 261 eran funcionarios.
Casos relevantes
Sobre los casos con condenas en materia de violación a los derechos humanos, el titular de la acción penal destacó el homicidio de David Vallenilla en los alrededores de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en junio de 2017, cuyo autor fue condenado en octubre de 2021 a 23 años de prisión.
Asimismo, recordó que el 4 de noviembre de 2021 fueron condenados cuatro exfuncionarios de la Policía municipal de Naguanagua a cumplir una pena de 28 años y 7 meses de prisión, así como dos efectivos de la Policía del estado Carabobo, por la muerte de Leonardo González en el marco de una protesta ocurrida el 27 de julio de 2017.
De igual manera, indicó que el Ministerio Público logró una condena de 26 años y 3 meses de prisión para dos funcionarios de la Policía del estado Carabobo por el homicidio de Daniel Queliz.
También se refirió al caso del exconcejal Fernando Albán, por el cual resultaron condenados dos funcionarios del Sebin a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
En cuanto al caso del adolescente Rufo Chacón, mencionó que se les impuso una pena de 27 años y 9 meses y 21 años y 5 meses a dos exfuncionarios de la Policía del estado Táchira, como autores y colaboradores del hecho.
Adicionalmente, señaló que un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui fue condenado a 25 años y 8 meses de prisión por el homicidio de César Pereira.
Finalmente, se refirió al caso de la muerte de Juan Pablo Pernalete, por el que fueron acusados los exfuncionarios Alejandro José Lorenzo Montero y José Alejandro Díaz Díaz, por los delitos de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
Atención a la víctima
Por otra parte, Saab recordó que el año pasado se creó la oficina de atención a la víctima en materia de derechos humanos, y manifestó que han sido atendidos 2.619 ciudadanos, de los cuales 1.325 denunciaron presuntos atentados contra sus derechos humanos y 1.294 recibieron orientaciones jurídicas y remisiones a otros entes.
En ese sentido, el fiscal general venezolano expresó que a través de esta oficina el Ministerio Público garantiza la atención multidisciplinaria de aquellas personas que denuncian en casos de derechos humanos, lo que incluye la recepción y tramitación de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial y, en algunos casos, el otorgamiento de medidas de protección.
Trabajo con la ONU
Saab reafirmó su voluntad de seguir en diálogo constructivo con las instancias internacionales de derechos humanos, y en este sentido destacó el trabajo realizado por la institución que dirige en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Detalló que se han recibido denuncias por parte de la referida instancia, que han sido investigadas y en las que se han producido resultados que han sido reconocidos por la Alta Comisionada en sus informes.
Expresó que la Alta Comisionada resaltó que Venezuela ha adoptado medidas para el fortalecimiento del Estado de derecho, incluyendo la adopción de medidas legislativas en el Código Orgánico Procesal Penal destinadas a reducir el retraso procesal en los procedimientos judiciales; que ha abordado la detención preventiva y prolongada y el hacinamiento en los centros de detención, y que se ha avanzado en la reforma de las policías.
Titularidad de los fiscales
El fiscal general expuso que durante su gestión se han realizado dos concursos de credenciales y oposición para el ingreso a la carrera fiscal realizados en el 2021 y 2022, respectivamente, en los cuales obtuvieron la titularidad de sus cargos 52 fiscales, lo que destacó como un paso importante para garantizar la independencia de sus actuaciones.
Formación en DD. HH.
Por otra parte, Saab resaltó la formación en derechos humanos que brinda la Escuela Nacional de Fiscales, cuyos programas han alcanzado a un total de 104.748 personas.
Acotó que los programas incluyen la cátedra en derechos humanos; así como cursos y talleres para funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, funcionarios policiales y público en general.
Apoyo y donativos
Durante la rueda de prensa, el titular del MP informó que a partir del 12 de octubre se les instruyó a todos los fiscales superiores a convertir las oficinas de la institución en centros de acopio para recibir donativos y entregarlos a las víctimas de los hechos ocurridos en la población de Las Tejerías, a la cual ofreció sus condolencias.
Notificó que en apenas dos días se han recibido un total de 10.356 donativos, entre ellos 2.524 kilos de alimentos no perecederos, 897 cajas de agua potable, 4.265 prendas de ropa, 180 pares de calzado, 287 juguetes, 1.389 productos de higiene; además de colchones, colchonetas, utensilios de cocina, de limpieza y medicamentos.
Finalmente indicó que esta actividad se mantendrá mientras dure la contingencia.
