La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela presentó este martes su tercer informe anual, que se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al Gobierno de Nicolás Maduro.
La misión concluyó que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.
El informe concluye que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar venezolanos funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
Los investigadores de la ONU también detallan las funciones y contribuciones de varios funcionarios de la Administración de Nicolás Maduro en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien instó a las autoridades a investigar estos casos.
Al menos 122 casos fueron documentados
Anteriormente, la misión había destacado el rol de los servicios de inteligencia militar y civil del Estado venezolano, en particular la Dgcim y el Sebin, en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.
El actual reporte ofrece “una comprensión más detallada del papel que desempeñan personas de distintos niveles en las cadenas de mando de ambos organismos en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras personas de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de gravísimos actos de tortura que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.
La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a “tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de la Dgcim. La mayoría de estos casos se llevaron a cabo en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta, ubicada en la ciudad de Caracas, “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
El Sebin, según la misión, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos -entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos- principalmente en el centro de detención de El Helicoide.
Al menos 51 casos han sido investigados desde el año 2014, y en el último informe detalla cómo las órdenes “fueron dadas por individuos de los más altos niveles políticos a funcionarios de menor rango”.
Valiñas remarcó que esas agencias del Estado “fueron parte de una maquinaria orquestada por el gobierno de Maduro para reprimir a la disidencia”.
“La Dgcim y el Sebin formaban parte de una maquinaría diseñada y ejecutada para cumplir con el plan del gobierno de reprimir la disidencia. Este plan fue elaborado por Nicolás Maduro y apoyado por otros altos mandos”.
Los investigadores de la ONU también indicaron que las autoridades venezolanas no hicieron rendir cuentas a los autores de los crímenes de lesa humanidad, así como tampoco proporcionaron reparación alguna a las víctimas, pese a las reformas judiciales anunciadas en 2021. Según la misión, estos cambios “no han solucionado la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia”.
“Las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, concluyeron.
