La defensa del empresario colombiano Álex Saab solicitó a la corte de Estados Unidos que dos de sus testigos principales declaren en reunión por Zoom, debido a que no cuentan con visas estadounidenses.
De acuerdo a la información compartida por el periodista Joshua Goodman, de la agencia AP.
El nombre de los testigos de Saab, quienes se encuentran en la ciudad de Caracas, no están mencionados en la petición para evitar el “acoso de los medios de comunicación”.
No obstante, mencionan que uno de ellos es un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien trabajó como parte de la seguridad personal de Álex Saab, mientras que el segundo es un diplomático del gobierno de Maduro que estuvo involucrado en el Consulado venezolano en Cabo Verde.
A principios del mes de agosto, un juez federal de Miami ordenó el jueves nombrar a un funcionario del departamento de Justicia para que se encargue de la información clasificada en el caso del empresario colombiano Álex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Al designar como Funcionario de Información Clasificada a Carli V. Rodriguez-Feo, el juez Robert Scola accedió al pedido de la fiscalía, que citó normativas existentes para evitar que se haga pública sin autorización cualquier información secreta que se encuentra en las cortes estadounidenses.
Lo que estaría buscando la fiscalía es controlar la información clasificada, en momentos que debe presentar documentos solicitados por la defensa de Saab como evidencias, refirió The Associated Press.
El gobierno estadounidense lo acusa de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Venezuela insiste en que Saab era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar recargar combustible.
Caso de Álex Saab
Saab, a quien Washington acusa de ser testaferro de Maduro, alega que no puede ser juzgado en Estados Unidos porque se desempeñaba como diplomático y por lo tanto tiene inmunidad. Su defensa está presionando a la fiscalía para que le suministre documentos que mostrarían eso. De ser encontrado culpable podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel.
En una audiencia de mediados de julio, la defensa de Saab expresó que estaba preocupada porque el Departamento de Justicia no estaba ofreciendo las evidencias y documentos solicitados.
La fiscalía ha dicho que muchos de los documentos no están en sus manos sino que corresponden a otros departamentos y agencias del gobierno. Ha expresado también con anterioridad que algunos serían clasificados y de acceso restrictivo.
Scola le ha dado plazo hasta el 15 de agosto al gobierno para que presente los documentos que solicita la defensa de Saab.
En la solicitud que los fiscales le presentaron al juez el miércoles, anticipaban “la necesidad” de introducir una moción para una orden de protección secreta relacionada con información clasificada.
El funcionario designado por el juez será neutral y asistirá a la corte con asuntos relacionados a información clasificada. Asimismo, será el responsable de la seguridad de toda la información clasificaba bajo custodia del tribunal, en cualquier formato que esta tenga, de acuerdo con los documentos.
La fiscalía dijo que además, Rodriguez-Feo ayudará a la Corte a obtener las autorizaciones de seguridad necesarias para que el personal del tribunal pueda manejar y revisar cualquier información clasificada presentada por el gobierno, y preparar marcas de clasificación para las órdenes que emita el juez.
Saab busca mostrar que el gobierno sabía que él actuaba como diplomático estadounidense cuando pidió su extradición a Cabo Verde. Su pedido incluye documentos del departamento de Justicia y de Estado, el FBI, la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional, entre otros.
De acuerdo con documentos judiciales desclasificados, el empresario colaboró con la DEA en 2018 y fue una “fuente activa” de información sobre los sobornos que pagó a funcionarios de Venezuela.
En un principio Saab enfrentaba ocho acusaciones, pero luego el gobierno retiró siete como parte de un acuerdo con Cabo Verde para extraditarlo. Dejó sólo el cargo de asociación ilícita para lavar dinero.
