Tesoro de USA deniega a tenedora de bonos venezolanos cobrarse con bienes de Gorrín

Departamento del Tesoro de Estados Unidos. / Foto: Archivo.

La Oficina de Control de Activos (Ofac, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos denegó una solicitud de una empresa tenedora de bonos soberanos de Venezuela con sede en el estado estadounidense de Florida que pretendía cobrarse un fallo judicial con bienes del empresario venezolano Raúl Gorrín.

Se trata de la empresa Casa Express, que demandó a la República Bolivariana de Venezuela por impago de capital e intereses de los bonos soberanos y logró un fallo judicial a su favor en el Distrito Sur de Nueva York por más de 43,3 millones de dólares (USD).

Así, la compañía registró la sentencia neoyorquina ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en procura de hacerse con bienes de Gorrín, dueño del canal venezolano de noticias Globovisión y de Seguros La Vitalicia. En concreto, propiedades en Florida y Nueva York bloqueadas por la misma Ofac.

En función de esto, la dependencia del Departamento del Tesoro respondió recientemente a la solicitud de Casa Express que buscaba obtener una licencia para ejecutar sentencias judiciales de Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela mediante el embargo de inmuebles al empresario venezolano, bajo la Orden Ejecutiva 13884 del 5 de agosto de 2019, denominada Bloqueo de Bienes del Gobierno de Venezuela.

“La Ofac no está en condiciones de autorizar una transacción de este tipo, ya que los activos que desea perseguir parecen pertenecer a una persona que no es el Gobierno. Por lo tanto, su solicitud es denegada”, dijo la Oficina en una misiva, tras explicar que Gorrín está enlistado desde el 8 de enero de 2019 como Nacional Especialmente Designado o Persona Bloqueada (SDN, en inglés) de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, denominada Bloqueo de Bienes de Personas Adicionales que Contribuyen a la Situación de Venezuela.

De este modo, tal como explicó la Ofac, los bienes de Gorrín no pueden ser objetivo de una solicitud bajo la Orden Ejecutiva 13884, pues no corresponden al Gobierno venezolano y, por lo tanto, no aplican en su caso los embargos de inmuebles por fallos judiciales contra la República Bolivariana de Venezuela.

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