El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó sobre la extradición del tesorero de ABA Mercado de Capitales, Ernesto Quintero, por formar parte de la presunta estafa realizada a 300 personas, quienes perdieron 50 millones de dólares (USD) aproximadamente.
Desde la sede del Ministerio Público (MP) venezolano, en Caracas, Saab detalló que el día 14 de julio se ejecutó desde España la extradición activa de Quintero, la cual fue solicitada por el MP en marzo de 2019, por pertenecer a esta casa de valores con sede en el estado Zulia.
La máxima autoridad institucional manifestó que se trata de un importante avance en la búsqueda de justicia en este caso que conmocionó al estado Zulia, ya que “Ernesto Quintero fungía como tesorero de ABA Mercado de Capitales y de otras dos empresas que integraban este consorcio financiero, como lo son Gestiones y Servicios de Inversión S.A. y Servicios Internacionales y Gestión C.A”.
Saab informó que las víctimas de este presunto fraude ascienden aproximadamente a 300 personas, con un daño patrimonial de USD 50 millones.
Refirió que la mayoría de los afectados son personas de la tercera edad que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa.
Fue presentado vía telemática
“¿Usted sabe lo que significa que una persona, una ama de casa, un trabajador, un profesional, un padre de familia se dedique una vida a trabajar para que, finalmente, vengan hampones de este nivel a robarle todos sus ahorros? Pues esto ocurrió”, expresó.
El fiscal general indicó que debido a su participación en esta presunta estafa masiva, Quintero fue presentado ante el tribunal 9° de Control del Zulia el 18 de julio por vía telemática desde el Juzgado 51° de Control del Área Metropolitana de Caracas.
En consecuencia, se le imputaron los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad víctimas.
En ese sentido, el respectivo tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y gravar, y la incautación de bienes.
Durante su rueda de prensa, Saab informó que los detalles de este caso fueron mostrados por el MP en la solicitud de extradición efectuada ante las autoridades españolas.
No daba respuesta
En esta oportunidad, el titular de la acción penal venezolana detalló que el inicio de este caso se remonta en octubre de 2010, cuando se supo de la primera denuncia en contra de ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa.
En ese entonces, una ciudadana manifestó que mensualmente obtenía los recibos de pago de los intereses de su inversión, pero que en mayo de ese año esa entrega se suspendió al igual que las llamadas por parte del ejecutivo que la contactaba cada mes.
Ante tal irregularidad, la víctima acudió a la sede de la referida casa de inversión en Maracaibo, pero nunca le dieron respuesta satisfactoria.
Saab dijo que posteriormente se enteró de que la casa de bolsa había sido intervenida por cometer irregularidades. “Como ella, numerosas personas se acercaron al Ministerio Público, en aquel momento, a denunciar que ABA no les había dado respuesta de sus inversiones”.
Investigación
De acuerdo con el alto funcionario, durante la investigación se determinó que la citada empresa efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios.
Indicó que los títulos valores fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio ABA, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes británicas, razón por la cual dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de la compañía, lo que imposibilitó su reclamo por parte los propietarios.
Precisó que la investigación determinó que ABA efectuaba captación de inversiones a través de empresas como Gestiones y Servicios de Inversión S.A., Servicios Internacionales y Gestión C.A., e Inversiones Gestiones y Servicios S.A., sin estar autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.
Igualmente, expuso que estas compañías efectuaron captaciones también para ABA Capital Market, la cual tampoco estaba autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores por su ubicación en el exterior.
Entre las presuntas prácticas fraudulentas de esta casa estaba el simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio.
Igualmente, informó que se evidenciaron préstamos de dinero efectuados entre las compañías del grupo con el dinero de los clientes, lo cual representó una práctica ilegal.
“Como tesorero, Ernesto Quintero tenía participación directa en todas estas acciones fuera de ley“, manifestó.
Víctimas
Saab señaló que entre las víctimas de esta presunta estafa se encuentran la Caja de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia y del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia.
Además, la Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida y el Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm.
Adicionalmente, la Asociación Civil Caja de Ahorro y Créditos de los Trabajadores de Cadafe de los estados Carabobo y Cojedes.
De igual manera, la Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo y la Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, entre otros.
Investigación reabierta
Durante sus declaraciones, el fiscal general recordó que a su llegada al MP esta investigación se encontraba paralizada desde el año 2016 y presentaba numerosas irregularidades.
“Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión contra Enrique Auvert (Presidente del Grupo ABA), la cual nunca se materializó”, aseveró.
Expresó que a solicitud de las víctimas de esta presunta estafa la institución garante de la legalidad en el país sudamericano reabrió la investigación, por lo que el 9 de octubre de 2018 se solicitaron 19 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en el presunto delito.
Politización del caso
La máxima autoridad del MP destacó que el 11 de febrero de este año, el dirigente opositor venezolano exiliado en España Leopoldo López salió en defensa de Ernesto Quintero, sobre quien dio a entender que se trataba de un perseguido político.
“En medios españoles se le definió como dirigente opositor, cuando a este ciudadano no se le conoce militancia política alguna”, expresó Saab.
Asimismo, citó una carta que recibió el 24 de agosto de 2018 de parte de las víctimas, en la cual manifestó que sentían “tristeza e indignación ante la partida de varios amigos y compañeros, también afectados, quienes no pudieron disfrutar el producto del esfuerzo de toda una vida de trabajo y sacrificio”.
El alto funcionario afirmó que la práctica de presentar casos de estafa como una persecución política no es nueva, por cuanto tras el reconocimiento de Colombia al líder opositor Juan Guaidó como mandatario interino, se le retiró la solicitud de extradición a una implicada en el desfalco de USD 4 millones a la cuenta nómina de la Gobernación del estado Aragua, Suyín Navarrete.
Adicionalmente, indicó que fue retirada una medida similar a Oscar Arapé García, quien fuera secretario general de FeveTriatlon y quien tenía una orden de aprehensión por la falsificación de un acta de asamblea y el desvío de más de USD 700.000 en aportes del Estado a esa federación.
Saab sostuvo que el caso de la empresa ABA demostró que lo que calificó como intento de politización no pudo contra la evidencia presentada por el MP, que implicó a Quintero (tesorero de tres empresas que participaron en el presunto fraude) como responsable directo en la comisión de varios presuntos delitos que destruyeron la vida de numerosas personas, que perdieron todos sus ahorros.
Accionistas investigados
La máxima autoridad del MP puntualizó que en este caso han sido investigadas 25 personas por su vinculación con el Grupo ABA, entre los que se encuentran accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero.
En consecuencia, de las 25 personas implicadas tres se encuentran acusadas a la espera de la audiencia preliminar, 17 están en fuga con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol, cuatro fueron sobreseídas y, por último, Ernesto Quintero, quien fue imputado, lo que subiría a cuatro los judicializados y detenidos por el sistema de justicia venezolano.
Saab informó que entre ellos se encuentran Ernesto González Rubio, quien fue imputado por la comisión del delito de apropiación de fondos o valores; así como Isabel Coromoto Farías y Juan Carlos Abudei por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación.
Por su parte, Gustavo Abudei y Luciano Biondi fueron detenidos en Colombia, donde se solicitó su extradición, pero el Gobierno de Iván Duque no los ha entregado.
“La lucha por alcanzar justicia plena en este caso continúa. Hemos dado un paso bien importante que revela la trascendencia del trabajo que hace el Ministerio Público”, resaltó el fiscal general venezolano.
Finalmente, destacó que 17 implicados siguen prófugos, entre ellos el máximo responsable de esta presunta estafa, Enrique Auvert Vetencourt, quien era el presidente del Grupo ABA.
