El Gobierno de Estados Unidos extenderá por un año la licencia que permite a la oposición venezolana mantener el control de las operaciones de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, bajo el liderazgo de Juan Guaidó, reportó la Voz de América (VOA) citando fuentes vinculadas a la compañía estatal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) emitió licencias desde 2019 para proteger esos activos de Venezuela en el extranjero y mantenerlos bajo la gestión de Guaidó, a quien Washington mantiene su reconocimiento como presidente encargado de Venezuela desde ese año.
La gerencia general de Monómeros recibió el jueves una comunicación oficial de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para notificarle que la Ofac decidió extender la licencia de protección de sus activos bajo la guía del interinato de Guaidó hasta el 30 de junio de 2023, según pudo conocer la VOA por fuentes vinculadas a la empresa y con base en una comunicación oficial con voceros del Gobierno estadounidense.
La oficina del embajador estadounidense ante Venezuela, James Story, quien ejerce sus responsabilidades en Bogotá desde 2019, prefirió no comentar las informaciones referidas a la renovación de esa licencia a solicitud de la VOA.
Miembros de la oposición venezolana revelaron este mes que la Ofac solicitó al equipo de Guaidó la reestructuración de Monómeros, que abarca el 46% del mercado de fertilizantes de Colombia, para renovar una licencia que desde 2019 le ha permitido a la empresa agroquímica operar.
El Gobierno de Estados Unidos mantiene desde 2019 sanciones económicas sobre las empresas Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Pequivén que controla el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. La oposición, sin embargo, designó hace tres años comisiones ad hoc que administran los activos de Venezuela en el extranjero, como Monómeros y Citgo, con sede principal en Estados Unidos.
La Ofac no ha comunicado oficialmente su decisión de renovar la “licencia Monómeros”, pero se prevé que ello ocurra en breve, según las fuentes consultadas por VOA.
La polémica
El Gobierno colombiano presidido por Iván Duque, uno de los principales aliados políticos de Guaidó, intervino Monómeros en septiembre del año pasado por considerar que la compañía estaba en riesgo de liquidez y solvencia por sospechas de corrupción.
El Gobierno de Maduro acusa frecuentemente a Guaidó y a sus aliados internacionales, como Duque y el presidente estadounidense Joe Biden, de “robarse” los activos de Venezuela en el extranjero.
El manejo de la empresa de fertilizantes generó una controversia en la misma oposición venezolana. Voceros principales de partidos como Voluntad Popular, donde militó Guaidó, y Primero Justicia, de su “canciller” Julio Borges, se enfrentaron públicamente por las denuncias de corrupción que hubo.
La comisión encargada de la Asamblea Nacional de 2015, que Washington reconoce como la representación del Parlamento legítimo de Venezuela, condujo diversas reuniones en semanas recientes para tratar el estatus de los acuerdos para las reestructuraciones de empresas como Monómeros.
Esos desencuentros entre Guaidó y Primero Justicia culminaron con la renuncia de Julio Borges a su cargo como vocero extranjero de su gobierno interino. Los dirigentes de ese partido demandaban la creación de un fideicomiso para manejar los activos republicanos fuera de Venezuela, ajeno a intereses políticos.
Acuerdo político sobre activos
Esta semana, esa comisión delegada opositora aprobó un acuerdo para revisar y actualizar todas las juntas administradoras ad hoc y directivas de las empresas del Estado venezolano, así como sus filiales, como parte de un proceso de evaluación de los activos “recuperados” en el extranjero.
Esas decisiones de los dirigentes opositores que representan al Parlamento de 2015 incluyeron la creación de un Consejo Nacional de Protección de Activos y la promesa de escoger una empresa consultora especializada en el tema.
Los acuerdos de la oposición tomaron en cuenta las consideraciones del procurador especial del gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón. Se conoció que el Consejo Nacional de Protección de Activos estará adscrito al despacho de Guaidó, aunque “sin perjuicio de la autonomía del Banco Central” del país.
La idea, según la oposición, es garantizar que haya una administración “técnica, eficiente y transparente” según estándares internacionales de empresas como Monómeros y Citgo.
Ese Consejo Nacional tendrá tres miembros, que deberán ser venezolanos y tener titulación académica y experiencia en los sectores energético, de negocios o complementarios a las empresas recuperadas.
Mediante concurso, se escogerá a una empresa consultora experta en seleccionar talentos para que lideren la designación de esos tres integrantes. Guaidó someterá ante la comisión delegada la lista final de candidatos.
Uno de los diputados opositores, José Prat, del partido La Causa R, aliado de Guaidó, salvó su voto en ese acuerdo al observar “incongruencias y contradicciones” que pudieran reñirse con la Constitución venezolana.
Otro parlamentario, Edwin Luzardo, hizo lo propio por considerar que el acuerdo es inconstitucional, mientras que la legisladora Delsa Solórzano, otra dirigente que suele coincidir políticamente con Guaidó, no respaldó la decisión por opinar que no había sido lo suficientemente debatida.
La diputada criticó que ese Consejo Nacional tenga la potestad de intervenir todos los activos extranjeros.
Con información de VOA.