Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y Servicios (Consecomercio), solicitó al Gobierno venezolano la reactivación de la Comisión Presidencial de Lucha contra el Fraude Aduanero, creada el 8 de diciembre de 2001.
En función de esto, Polesel sostuvo que a Venezuela le conviene reactivar esta Comisión, la cual estuvo integrada por un representante del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República; dos del Ministerio de Finanzas, uno de ellos en representación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat) y un miembro del Ministerio de Producción y Comercio. Asimismo, uno por cada una de las siguientes organizaciones: Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras); la Confederación Nacional de la Industria (Conindustria) y uno por Consecomercio.
“Con una misión muy clara, —expresó la dirigente gremial—, la Comisión Presidencial de Lucha contra el Fraude Aduanero tenía las siguientes atribuciones: examinar los factores que inciden en la existencia del fenómeno evasivo aduanero y, en especial, del contrabando; proponer medidas de aplicación práctica para prevenir y reprimir la evasión fiscal aduanera, con énfasis en el delito aduanero; plantear el establecimiento de reglas o reformas a la normativa aduanera, tributaria y penal, a fin de combatir eficazmente el flagelo del contrabando. Asimismo, formular lineamientos sobre asuntos aduaneros y tributarios que tengan incidencia en el combate al fraude aduanero”.
En función de eso, la presidenta de Consecomercio argumentó la propuesta en el convencimiento de que la lucha contra el contrabando es “en defensa de la vida”, pues se busca “un mejor futuro” para las empresas y la economía de Venezuela.
“Con ella estamos pasando de la denuncia y la queja a la proposición constructiva por un país mejor“, ponderó.
“El mayor doliente es el consumidor”
Asimismo, Polesel sostuvo que desde Consecomercio se ha dicho “mucho” sobre el contrabando y los ilícitos aduaneros.
“Nos hemos quejado de las condiciones en que entran al país una cantidad de productos, hemos insistido en que uno de los más afectados es el Fisco Nacional, al dejar de percibir ingresos por aranceles e impuestos; la industria nacional, que sí tiene que pagar impuestos por la materia prima que importa para fabricar en el país y agregar valor a sus productos. También hemos repetido muchas veces que el mayor doliente es el consumidor, quien no solo arriesga su salud sino que también podría poner en peligro su vida y la de sus familias“, sumó.
Por lo anterior, sostuvo, Venezuela “se ha impactado al percatarse de la debilidad que tiene en el ámbito económico. Altos impuestos, deficiencia en los servicios públicos como la electricidad, el agua y los combustibles. Todos merman la producción”, lo que reduce la economía venezolana y a pone a la par de “países pequeños que siempre estuvieron por debajo de una economía creciente y un país próspero como Venezuela.”
“¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sensibilizamos a los diseñadores de políticas públicas? ¿Cómo persuadirlos que un medicamento, un alimento o un licor que no tiene un registro sanitario, ni conocemos su procedencia puede entrar al país sin ninguna garantía de calidad? ¿Cómo influimos para tener confianza en un producto de autopartes o lubricantes y convencernos que son los idóneos para la falla o necesidad que presenta nuestro vehículo, que es original, que tiene calidad y que no corren riesgos nuestras familias o pasajeros?”, se preguntó Polesel.
“En el sector del Comercio y los Servicios hemos abordado este tema con las cámaras sectoriales y regionales; así como con nuestros colegas de los organismos cúpula y hemos coincidido no en que todo tiempo pasado fue mejor, sino que debemos asirnos a lo que ha funcionado anteriormente a favor del diálogo, de los acuerdos para sanar nuestras empresas, nuestra economía y nuestro país”, puntualizó.
