El Gobierno de España quiere regularizar a los migrantes en situación irregular que se formen en sectores en los que no hay trabajadores. El Consejo de Ministros acordó ya esta semana autorizar la tramitación administrativa urgente para modificar el Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en el país ibérico y su integración social.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en un borrador para reformar algunas cuestiones de la normativa de extranjería y recordó su compromiso de hacerlo desde el inicio de la legislatura. Dicha reforma incluiría la modificación de algunas medidas actuales y la creación de figuras nuevas.
“No es suficientemente ágil (la legislación actual) para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral y genera procedimientos muy burocratizados y complejos”, admitió el Ministerio, que precisó que el procedimiento normativo se encuentra en fase inicial.
El borrador del decreto en el que trabaja el Gobierno ampliará la contratación en origen a otros empleados más allá de los temporeros, permitiría que los estudiantes extranjeros trabajen y obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular que se formen para puestos en los que se necesitan trabajadores. Organizaciones que trabajan con migrantes estiman que unas 500.000 personas extranjeras residen en España en situación irregular, aunque no existen cifras oficiales.
Uno de los pilares de la reforma es cambiar el modelo de contratación de extranjeros que aún están en origen y que permitía la captación de temporeros para campañas como la de la fresa de Lepe (Huelva, Andalucía). El Ministerio pretende ahora ampliar está fórmula a sectores como el transporte o la construcción.
Asimismo, el decreto que prepara el Gobierno prevé también cambios en los tipos de arraigo y se podría crear un nuevo tipo de arraigo condicionado a la formación laboral en sectores específicos en los que faltan trabajadores. Otra de las opciones para obtener el arraigo que podría contemplarse en la reforma es haber percibido durante un año el ingreso mínimo vital o acreditar una actividad laboral legal de al menos seis meses para los extranjeros que lleven dos años en España.
Y, con la finalidad de luchar contra la economía sumergida, se abre la posibilidad de que, si se denuncia ante las autoridades laborales un empleo irregular por parte del trabajador o de cualquier otra persona, el extranjero afectado podría obtener la regularización sin demostrar una estancia mínima en el país.
