El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió prorrogar este martes las medidas restrictivas impuestas contra miembros y partidarios del Gobierno de Bashar al Assad, así como empresas y entidades vinculadas a la represión o que se benefician del régimen.
En concreto, las sanciones se ampliarán hasta el 1 de junio de 2023. Asimismo, en la actualización, el Consejo retiró las restricciones a tres personas, por lo que el régimen sancionador aplicado desde 2011 incluye ahora a 289 individuos y 70 entidades sujetas a congelación de activos.
En la capital comunitaria defienden la efectividad de las sanciones, alegan que sin las medidas restrictivas se normalizaría la situación en Siria y señalan que de esta forma se ejerce una presión contra el régimen sirio y se estigmatiza su conducta.
Dichas medidas se dirigen, por tanto, contra empresas y empresarios que “se benefician de sus vínculos con el régimen sirio y la economía de guerra”. También comprende el embargo de petróleo, restricciones al comercio y a las inversiones, la inmovilización de los bienes del Banco Central sirio en la UE y restricciones a la exportación de armas y equipos que puedan emplearse en la guerra.
Las sanciones están diseñadas “para evitar obstaculizar el suministro de asistencia humanitaria”. En consecuencia, la exportación de alimentos, medicamentos o equipos médicos no está sujeta a sanciones de la UE, por lo que se prevén una serie de excepciones específicas con fines humanitarios.
“La UE revisa constantemente la evolución del conflicto sirio y puede decidir renovar las sanciones y modificar la lista de entidades o personas objetivo en función de la evolución sobre el terreno”, indicó el Consejo en un comunicado.
