El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España admitió que se espió a un número determinado de independentistas, cerca de una veintena, y lo justificó mostrando a los diputados con acceso a información reservada las autorizaciones que, para llevar a cabo ese espionaje, dio el juez del Tribunal Supremo español adscrito al órgano de inteligencia, Pablo Lucas.
Pero las explicaciones que ofreció la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados no convencieron al portavoz del partido ultraizquierdista e independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián.
“Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales“, dijo Rufián, quien sostiene que no incumple la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma versó sobre cosas ya “filtradas” a los medios de comunicación.
Según detalló, Paz Esteban acudió a la cita con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que llevó a cabo el CNI, señaló que no podía hablar específicamente del programa Pegasus y no ofreció ninguna solución a esta situación.
Rufián se negó a especificar a cuántas personas se habría espiado con orden judicial, según la versión del CNI, alegando que podrían “inhabilitarle” si lo hacía.
Según su versión, para el resto de personas que fueron víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o la ministra de Defensa, Margarita Robles; la directora del CNI apuntó dos posibles ‘culpables’: uno o varios países extranjeros, o miembros de “otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje con un programa parásito como Pegasus, en referencia a las denominadas cloacas del Estado.
