El gobierno mexicano presentó este jueves una propuesta de reforma electoral con la que pretende eliminar las autoridades electorales de los estados y que los árbitros para las votaciones sean elegidos por los ciudadanos.
Además, propone reducir el número de legisladores y la financiación de los partidos, poner en marcha el voto electrónico y ampliar las excepciones a lo que se considera propaganda oficial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros de su gabinete presentaron durante la conferencia de prensa matutina la iniciativa, una reforma constitucional que dejaría el control de las votaciones en manos de un nuevo organismo federal que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE).
“No hay la intención de que se imponga un partido único”, dijo López Obrador en declaraciones citadas por The Associated Press. “Lo que queremos es que haya una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales. Dejar establecido un verdadero Estado democrático”, agregó.
La reforma, una antigua promesa de López Obrador, iniciará ahora su proceso legislativo pero parece difícil que logre el apoyo suficiente en el Congreso porque el partido oficialista y sus aliados no tienen la mayoría calificada de dos tercios necesaria para tales cambios.
Oposición expresa su preocupación
El propio presidente es consciente de este reparto de fuerzas, que recientemente bloqueó una reforma constitucional propuesta por su partido en materia eléctrica. Por eso dijo que el Congreso debe estudiar la iniciativa, publicitarla para que todo el mundo la conozca “artículo por artículo” y luego pronunciarse, pero insistió en que la responsabilidad del Ejecutivo era presentarla “aunque no se apruebe”.
Tanto los partidos de la oposición como distintos académicos ya habían mostrado su preocupación ante la intención del presidente de cambiar las reglas de las elecciones y los constantes ataques al INE y el Tribunal Electoral, organismos a los que considera corruptos.
Aunque el gobierno no puede por sí solo cambiar la Constitución, lo que sí está en manos del Ejecutivo es volver a reducir los fondos del INE en el próximo presupuesto, lo que podría poner en riesgo la celebración de las elecciones presidenciales de 2024.
López Obrador lleva décadas en una pelea constante contra las autoridades electorales, ya que se consideró víctima de fraude en diversas ocasiones. No obstante, fue el actual INE el que oficializó en 2018 la abrumadora victoria electoral que lo llevó a la presidencia.
Para el gobierno, las dos principales ventajas de la propuesta presentada serían que México ahorrará más de 1.200 millones de dólares de acuerdo a sus cálculos y que los ciudadanos tendrían voz al elegir a las autoridades electorales entre gente de reconocida honestidad.
¿De qué trata la iniciativa?
Será, agregó el presidente, “el sistema más seguro para evitar el fraude. Es la aplicación plena de la democracia”.
Durante la mayor parte del siglo XX, cuando el Partido Revolucionario Institucional gobernó ininterrumpidamente durante siete décadas, las elecciones se manejaban desde la Secretaría de Gobernación, pero a fines de los años 90 comenzaron las reformas que culminaron en 2014 con la creación de un órgano electoral autónomo.
Otro punto muy criticado desde que López Obrador comenzó a plantearlo fue el de la elección popular de los árbitros electorales. “Pensar que un electorado tan desigual y tan desinformado tenga la capacidad de seleccionar a los consejeros y magistrados electorales es pura demagogia y simulación”, dijo Clara Jusidman, fundadora de la ONG Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social. A su juicio, el poder “movería a sus clientelas” para que votaran por quienes ellos quisieran.
La iniciativa del gobierno aspira también a eliminar a los legisladores “plurinominales”, es decir, los que no son elegidos de forma directa sino que son designados por cada partido a partir de una lista, con lo que se reduciría de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 96 el de senadores. Además, se pondría un máximo a los representantes en las cámaras estatales y en los ayuntamientos.
Pretende también quitar dinero a los partidos, que solo podrían ser financiados con fondos públicos en campaña y cambiar la normativa sobre propaganda oficial para que se permita que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y con procesos electorales.
El Parlamento mexicano culmina este jueves su período ordinario de sesiones con lo que el tema previsiblemente se analizará después del verano.
