La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una nueva actualización del informe sobre Venezuela.
La delegación identificó que ha habido avances en los procesos judiciales internos como el del exconcejal Fernando Albán o del capitán Rafael Acosta Arévalo. Sin embargo, la Misión de la ONU advirtió que las investigaciones elaboradas por el Ministerio Público (MP) de Venezuela “tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel“.
En este sentido, la Misión anunció que ampliará sus investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando. Adelantaron que las conclusiones serán presentadas ante el Consejo el próximo mes de septiembre.
“También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos”, agregó.
La Misión de la ONU también advirtió que las reformas a la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobada por la Asamblea Nacional (AN) “no resuelven la falta de independencia judicial” en la nación latinoamericana.
“Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. Las enmiendas otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura”.
De igual manera, la Misión de la ONU expresó su preocupación por el efecto práctico del Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma que establece que los actuales magistrados pueden volver a postularse a un nuevo proceso de selección.
“(…) Permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución”.
Muertes bajo custodia
Por otra parte, la Misión de la ONU denunció que en el año 2021 se registraron dos muertes en custodia de personas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro, ambas relacionadas con la falta de atención médica.
“Una de ellas es la muerte del general Raúl Isaías Baduel, caso documentado previamente por la Misión. Su hijo Josnars Adolfo Baduel Oyoque, quien permanece detenido en El Helicoide del Sebin y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata”, agregaron.
Y añadieron: “Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada, a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirlendris Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la Dgcim en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas”.
