El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que las fuerzas rusas están perpetrando ataques “indiscriminados” sobre la población civil en el marco de su invasión a Ucrania, con informaciones “creíbles” que dan cuenta incluso de la utilización de bombas de racimo y advirtió de la posible comisión de crímenes de guerra.
“Estamos muy preocupados por el aumento del balance de fallecidos y del sufrimiento humano en Ucrania y pedimos el cese inmediato de los ataques”, reclamó la portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, al hacer balance de un conflicto que suma ya más de medio millar de fallecidos entre la población civil, si bien la cifra real sería “mucho mayor”.
La ONU lleva días señalando que la mayor parte de las víctimas derivan del uso de artefactos explosivos de amplio alcance en zonas pobladas, en línea con las denuncias que también han expresado las autoridades ucranianas, que han acusado a las fuerzas rusas de perpetrar crímenes de guerra.
Entre los objetivos alcanzados figuran escuelas, guarderías y hospitales, con “consecuencias devastadoras”, según Throssell. Al menos 47 civiles perdieron la vida como consecuencia de los bombardeos lanzados el 3 de marzo sobre Chernígov, mientras que este miércoles fue alcanzado un hospital en Mariúpol que, según la ONU, estaba “claramente identificado y operativo”, en contra por tanto de la versión rusa.
Además, cuatro civiles murieron el 24 de febrero, día de inicio de la invasión, por la explosión de una munición de racimo en un hospital de Vuhledar. La ONU también sospecha del uso de este tipo de armamento en varias zonas de Járkov, donde al menos nueve civiles habrían perdido la vida.
Las bombas de racimo son especialmente dañinas para la población civil por la amplia zona a la que afectan en un primer momento y la posibilidad de que queden municiones sin explotar. Throssell insistió en que su uso es “incompatible” con el Derecho Internacional, también en contextos de guerra como el de Ucrania.
En este sentido, recordó que atacar de forma directa a los civiles, incluida las infraestructuras, “podría equivaler a crímenes de guerra”. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación para determinar si puede tomar partido.
