Cuatro hombres caminaron hasta el estacionamiento antes del amanecer, se sentaron bloqueando la entrada y enlazaron sus brazos a la espera de la llegada de cientos de empleados federales y estatales para comenzar su jornada laboral.
Los cuatro trabajadores de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, que protestaban por años sin aumentos salariales, se negaron a ceder. Fue necesaria la intervención de una unidad especial de la policía para desalojarlos y, mientras eran esposados, uno de ellos gritó: “¡Salario justo! ¡Que nos den lo que nos deben!”.
Este es un reclamo que se ha repetido en toda la isla en las últimas semanas a medida que los empleados gubernamentales y sus partidarios salen a la calle animados por el ejemplo de los miles de maestros de escuelas públicas que, a principios de mes, abandonaron las aulas para exigir un aumento salarial y la mejora de las pensiones.
Las protestas se están multiplicando y el descontento social es uno de los mayores desafíos para el gobernador, Pedro Pierluisi, tras un año de mandato, refirió The Associated Press.
“El pueblo sacó a la Marina (de Estados Unidos) en Vieques. Sacó a un gobernador. Podemos hacer esto”, afirmó Abner Dumey, quien da clases de historia en la localidad norteña de Naranjito.
Los legisladores son los únicos empleados públicos del territorio estadounidense que perciben un incremento automático que ajusta sus salarios al costo de la vida. Los demás no han visto aumentada su paga en más de una década mientras la vida se encarece y la isla lucha por superar una larga crisis económica y una bancarrota gubernamental luego de huracanes letales, sismos y la pandemia del coronavirus.
Las facturas de la electricidad y el agua son casi un 60 % más altas en Puerto Rico que el promedio estadounidense. Los comestibles son un 18 % más caros que en el territorio continental, aunque los costos de la atención médica y la vivienda, entre otros, son más bajos, según el Instituto de Estadística insular.
Un paramédico en Puerto Rico percibe un salario base de 1.725 dólares mensuales.
En un intento por sofocar las movilizaciones el gobernador prometió a los maestros una subida de 1.000 dólares mensuales apenas unos días después de que el 70 % de ellos abandonasen las aulas como protesta a principios de mes. Unos días después, amplió la oferta a directores de escuela, a superintendentes regionales y a otros.
Poco después, prometió un aumento de 500 dólares mensuales para los bomberos y otro del 30 % para los paramédicos.
Las acciones de Pierluisi avivaron el enfado de otros empleados gubernamentales: algunos demandan mejoras salariales y otros se molestaron con los recientes comentarios del mandatario de que nadie está obligado a ser bombero o policía.
El problema es que todas esas subidas prometidas por Pierluisi dependen de fondos federales que expiran en los próximos años, y muchos no le creyeron cuando se comprometió a encontrar financiación local para que la mejora sea permanente.
Esa promesa preocupa también a los economistas ya que la isla trata de reestructurar una deuda pública de 70.000 millones de dólares tras décadas de mala gestión, corrupción y préstamos excesivos que obligaron al ejecutivo a declarar la mayor bancarrota municipal en la historia de Estado Unidos en 2017, apenas unos meses antes de que el huracán María azotase la isla.
El anuncio del gobernador se produjo unas semanas después de que la junta de control federal que supervisa las finanzas del territorio aprobara un plan fiscal que incluía pequeñas mejoras salariales para maestros, bomberos y otros empleados. Según los supervisores, el estado de las cuentas regionales no permitía más.
Según Pierluisi, el nuevo plan de compensación entrará en vigor el próximo año y supondrá un incremento salarial para miles de empleados públicos, aunque reconoció que no podrá subir el de todos los funcionarios.
Ese mismo día, anunció un aumento del 30 % en la paga de los operadores y los técnicos de emergencias médicas, incluyendo los paramédicos. El jueves anunció una subida de 500 dólares mensuales para los funcionarios de prisiones.
En Puerto Rico, los profesores de las escuelas públicas tienen un salario base de 1.750 dólares mensuales y reclaman un mínimo de 3.500. Por su parte, los bomberos perciben un sueldo base de 1.500 dólares y reclaman 2.500 además de mejoras en su plan de pensiones.