El Gobierno de Estados Unidos (EE UU) aseguró que Nicaragua está gobernada por un régimen autócrata represivo y afirmó que seguirá presionandoa través de todos los medios que tenga a su disposición para promover la democracia en la nación centroamericana, luego que el pasado lunes Daniel Ortega se juramentara para un cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su esposa.
“Este régimen autocrático no conseguirá desalentar al resto del mundo”, expresó Emily Mendrala, subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. “Hemos utilizado y seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas con las que contamos para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense de mayor libertad, rendición de cuentas, elecciones libres y justas”, dijo en declaraciones citadas por The Associated Press.
No es la primera vez que Estados Unidos condena a Nicaragua, pero las declaraciones de Mendrala tuvieron lugar un día después que Washington y la Unión Europea (EU) impusieran nuevas sanciones a varios funcionarios del gobierno sandinista, horas antes de la asunción de Ortega, de 76 años, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, de 70. Estados Unidos anunció también medidas para restringir las visas de 116 personas a las que considera “cómplices de socavar la democracia” en Nicaragua.
En un largo discurso de asunción, Ortega pidió a Washington que frene sus sanciones contra Cuba y Venezuela, y arremetió contra el presidente Joe Biden al asegurar que “tiene más de 700 presos políticos”, refiriéndose así a seguidores del exmandatario Donald Trump que asaltaron la sede del Capitolio hace un año.
Opositores detenidos
En su campaña electoral de 2021, el gobierno de Ortega —que está en el poder desde enero de 2007— detuvo a más de 40 líderes opositores, activistas y profesionales, incluidos siete aspirantes a la presidencia que buscaban competir contra Ortega. Todos siguen presos junto a otros 120 “presos políticos”, de acuerdo con estadísticas de la oposición.
Washington ha sancionado a decenas de funcionarios nicaragüenses, allegados y familiares de Ortega desde 2017, cuando era presidente Donald Trump. Entre las sanciones hay bloqueo de bienes e intereses en Estados Unidos y el retiro de visas. Además, le han suspendido visas a más de un centenar de jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios policiales y penitenciarios, y a sus familias.
Mendrala dijo que seguirá esa política de sanciones junto a la comunidad internacional mientras no haya señales de cambio en Nicaragua. No ofreció detalles, sin embargo, sobre qué medidas podrían anunciar próximamente.
La funcionaria dijo que las elecciones de noviembre en Nicaragua fueron un “simulacro electoral que no resultó libre ni justo, y claramente tampoco democrático”. Explicó que como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), Nicaragua firmó hace 20 años la Carta Democrática Interamericana y tiene “la obligación y el compromiso” de promover y defender ese derecho”.
Sin embargo, consideró, “no lo ha honrado”, al realizar unas elecciones “sin ninguna credibilidad, silenciar y detener a opositores” y “realizar acciones para instaurar una dinastía familiar autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense”. El primer paso que debería dar el gobierno de Ortega para demostrar su interés en retomar el camino democrático, indicó, es la liberación de “presos políticos”.
A pesar de condenar al gobierno nicaragüense, por ahora Estados Unidos no contempla romper relaciones con Ortega ni cerrar la embajada de Managua, señaló Mendrala.
