El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó este miércoles que Venezuela violó el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente y a la presunción de inocencia del jurista Allan Brewer Carías, acusado de conspiración por presuntamente participar en un decreto para derrocar al gobierno de Hugo Chávez.
“De la información proporcionada por el señor Brewer Carías se desprende que los cinco jueces y los cuatro fiscales que actuaron en el proceso judicial fueron nombrados temporalmente y que tres jueces fueron de hecho destituidos inmediatamente después de tomar decisiones que podrían considerarse beneficiosas para el caso del señor Brewer Carías”, explicó Carlos Gómez Martínez, uno de los miembros del Comité.
El órgano también declaró que se violó la presunción de inocencia del jurista a raíz de las declaraciones públicas del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la publicación de un libro del entonces fiscal general que afirmaba que Brewer Carías había participado en la redacción de un decreto contra el gobierno.
En función de esto, Gómez indicó que “las autoridades judiciales deben poder trabajar de manera independiente y libre de injerencias o influencias indebidas por parte de los organismos ejecutivos”.
Tras las conclusiones, el Comité de Naciones pidió a Venezuela que declare la nulidad del proceso penal contra Brewer Carías y que se le conceda una indemnización “adecuada”, además de adoptar medidas para “evitar que se repitieran estas violaciones”.
El ‘Decreto Carmona’
Brewer Carías fue procesado en 2005 por su presunta participación en la elaboración del llamado Decreto Carmona, que ordenaba el establecimiento de un gobierno de transición tras un golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, en el que el presidente Hugo Chávez fue destituido durante 47 horas.
El jurista contó que en la madrugada del 12 de abril de 2002 recibió una llamada de Pedro Carmona Estanga, el líder de la patronal Fedecámaras, que le pidió su opinión jurídica urgente. Tras esto, Brewer Carías aseguró que fue llevado al complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde le mostraron el proyecto de decreto, con el que estaba en total desacuerdo y en la redacción del cual no participó, según recoge un comunicado emitido por Naciones Unidas.
En 2005, Brewer Carías fue acusado de “conspiración para alterar la Constitución por medios violentos” por su papel en la “discusión, preparación, redacción y presentación” del Decreto Carmona y durante el proceso penal de los meses siguientes, según Brewer Carías, todos los fiscales y jueces implicados en su caso fueron nombrados temporalmente por el Gobierno. En el caso de los jueces que dictaron sentencias a favor del jurista fueron suspendidos.
Brewer Carías salió de Venezuela hacia Estados Unidos en septiembre de 2005 y en junio de 2006 el juez de control provisional ordenó su detención preventiva. Tras repetidos intentos de impugnar su acusación que no prosperaron, el jurista anunció que no regresaría a Venezuela hasta que se le garantizara su derecho al debido proceso y llevó su denuncia al Comité de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2016.
