El comisionado del líder opositor venezolano Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a la Víctima, Humberto Prado, entregó el resumen del Informe Anual 2021 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela denominado Relatos de Tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, Libertad de prensa bajo ataque y Letalidad e Impunidad de las acciones ilegales realizado por la Faes.
El comisionado hizo entrega del mencionado resumen a la Relatora para Venezuela, Esmeralda Arosamena y la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh); al profesor Juan Méndez, así como también a José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW); Angela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy; el representante Gustavo Tarre Briceño ante OEA y el representante Carlos Vecchio ante los Estados Unidos; Santiago Canton, miembro del panel de experto de la OEA y Geoff Ramsey de Wola.
Según explicó Prado, el informe se efectuó en atención a la señalada crisis de los últimos 25 años, conforme a las cifras expuestas en los diferentes informes de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Ante el aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos y la ausencia de respuesta a las mismas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección de derechos humanos disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de cada uno de los venezolanos.
En el mencionado informe se reseña que la pobreza en Venezuela se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó un 76,6%, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), que presentó en septiembre del 2021 la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
Esa misma encuesta reveló que la inseguridad alimentaria se redujo de 6,6% a 5,8%; sin embargo, la inseguridad alimentaria leve tuvo un ascenso a 34,5%, aumentando la inseguridad alimentaria severa en 24,5%.
Se redujeron 9,5% los homicidios intencionales
De acuerdo a una encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, únicamente un 24,9% de la población en Venezuela recibe agua potable sin restricción alguna y 56% de los entrevistados catalogaron de forma negativa el servicio eléctrico.
En otro orden de ideas, la organización Médicos Unidos de Venezuela documentó, entre el 16 de junio del 2020 y el 14 de noviembre 2021, 792 muertes de personal sanitario por causa del covid-19, desagregados en: 548 médicos (70,19%), 162 enfermeras (20,20%), 18 odontólogos, 12 bioanalistas, 5 farmacéuticos.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló que durante el primer semestre de 2021, fallecieron 170 personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva del país, 72% de las muertes se asociaron a condiciones de salud, principalmente: desnutrición y tuberculosis.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) se consumaron 1.497 delitos diferentes al homicidio intencional, los homicidios intencionales disminuyeron a 9.5%.
Conforme a datos del monitoreo de femicidios realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), entre enero y octubre 2021 fueron registrados 235 femicidios consumados en Venezuela y 74 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior.
Asimismo, durante el año 2021 se registró el lamentable fallecimiento de tres presos políticos bajo custodia del Gobierno nacional: Salvador Franco, guía turístico de la comunidad indígena pemón; Gabriel Medina, exfuncionario de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes); y Raúl Baduel, quien fuese Ministro de la Defensa de Venezuela y militar retirado.
