El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) obtuvo una ganancia neta de 26.681.397,67 dólares estadounidenses por la venta de un cargamento con 1,1 millones de barriles de combustible procedentes de Irán que se dirigían a Venezuela en agosto del año pasado.
Las autoridades estadounidenses también habrían incautado dos alijos de armas iraníes, incluidos 171 misiles tierra-aire y ocho misiles antitanque con destino a Yemen.
De acuerdo a información publicada en el portal web del Departamento de Justicia de EE. UU., las autoridades confiscaron los productos petrolíferos iraníes de cuatro petroleros de bandera extranjera en o alrededor del Mar Arábigo mientras se dirigían a Venezuela. Las armas estaban destinadas a militantes hutíes en Yemen.
El Departamento de Justicia señaló que las acciones representan las incautaciones más grandes hasta el momento por parte del gobierno estadounidense de envíos de combustible y armas desde Irán.
De igual manera Estados Unidos vendió los productos petrolíferos incautados de conformidad con una orden judicial. Las ganancias netas de esa venta, 26.681.397,67 dólares antes de intereses, pueden dirigirse, en su totalidad o en parte, al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado ahora que el caso ha concluido.
“Las acciones de Estados Unidos en estos dos casos asestan un golpe contundente al Gobierno de Irán y a las redes criminales que apoyan a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia continuará utilizando todas las herramientas disponibles para combatir las amenazas que representan las organizaciones terroristas y todos aquellos que buscan dañar a los Estados Unidos y sus aliados”, expresaron.
Y agregó: “Estos dos casos demuestran que no sólo podemos interrumpir la capacidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica para financiar sus operaciones a través de la venta de petróleo, sino que también podemos frustrar su capacidad para utilizar el producto de dichas ventas para armar a sus apoderados terroristas y exportar el terrorismo al extranjero“, dijo el fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia.
El 20 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia presentó una denuncia para solicitar la confiscación de las armas incautadas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La demanda alegaba que los envíos de armas formaban parte de una red de tráfico del CGRI diseñada para distribuir armas ilícitas al movimiento Houthi en Yemen.
El tribunal aceptó la petición del gobierno de dictar sentencia en rebeldía y dictó una orden final de confiscación el 15 de noviembre. En su dictamen, el tribunal consideró que el gobierno había alegado adecuadamente que las armas pertenecían al CGRI y que el CGRI constituye una entidad dedicada a planificar o perpetrar un delito federal de terrorismo contra Estados Unidos.
