La juez de la Audiencia Nacional de España María Tardón acordó dividir la causa referida a la petrolera venezolana Pdvsa en tres piezas distintas debido a la “complejidad” que presenta y a fin de agilizar las pesquisas.
La magistrada investigará en la pieza 1 los hechos denunciados en una querella formulada por Pdvsa contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.
Pdvsa apunta a la existencia de una “organización criminal” formada por diversas personas y un entramado empresarial qe habría llevado a cabo “diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito” que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades, según recuerda Tardón.
La querella se dirige contra el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado; los exresponsables de compras de Pdvsa Alfonzo Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el exgerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz, considerado como la ‘mano derecha’ del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.
La trama portuguesa
En una segunda pieza, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 indagará en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a “fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de Pdvsa y otras empresas públicas de Venezuela”, como Corpoelec.
En este caso, la denuncia señalaba al exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, su mujer Milagros Coromoto Torres y José Trinidad Márquez y Katilin Miguelina Mijares, así como a diversas personas jurídicas vinculadas a ellos.
Tardón indica que, por un lado, Villalobos y Torres serían los beneficiarios de unos fondos ingresados en el Banco de Madrid por un contrato de asesoría firmado por Kingsway, una sociedad controlada por la pareja y radicada en Madeira, con una empresa de Miami que “no respondió a servicios reales sino a la voluntad de tratar de dar una apariencia de legalidad al origen de los fondos” para llevarlos a España. En este sentido, menciona la compra de una vivienda en La Moraleja.
Por otro lado, la instructora explica que Trinidad y Mijares, también pareja, estarían vinculados a una trama mediante la cual dirigentes del Banco Espíritu Santo de Portugal obtuvieron de organismos públicos de Venezuela financiación para entidades que eran prácticamente insolventes.
Una de estas formas de financiación, cuenta Tardón, “fue la contratación de una entidad del Grupo Espíritu Santo, la Esaf, para la gestión de fondos de pensiones de entidades públicas venezolanas con mandato para que tales fondos pudieran invertir en capital social del principal holding del Grupo Espíritu Santo hasta un máximo de 700 millones de euros”.
A cambio de este contrato se habrían pagado comisiones y Trinidad, bajo la identidad de Domingo Galán, habría cobrado 2,9 millones de euros en cuentas bancarias de Suiza y España que habría usado para combrar dos inmuebles a partes iguales con Mijares en Alicante, donde residía la hija de ambos.
El eje Columbus-Swissinvest
Y, por último, en la tercera pieza, Tardón investigará los hechos recogidos en un informe de octubre de 2018 firmado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de España que apunta a la existencia de “una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales” que habría sido realizada por Villalobos para lavar “fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude” en Pdvsa.
La operativa partiría de una supuesta inversión del exviceministro en una Sicav de Malta por la que habría recibido un reembolso parcial mediante participaciones en una empresa española con importantes activos inmobiliarios, Columbus One, y la cesión de un derecho de cobro sobre la misma de más de 6 millones de dólares
Detrás de Columbus One estaría el Grupo Swissinvest, dedicado a la gestión de fondos y que habría creado en España sociedades de inversion inmobiliaria con el dinero obtenido de las inversiones realizadas por venezolanos. La juez menciona a Hugo Andrés Ramalho como “pieza principal en la organización de blanqueadores profesionales que han prestado servicio a los venezolanos investigados” y a Swissinvest.
“Singular extensión y complejidad”
Tardón accede así a la petición formulada por las defensas de Jennifer Kathe Vogeler, María Isabel Villalobos Oroño y Alfonso Garrido Picón, teniendo en cuenta “la singular extensión y complejidad de la causa, el elevado número de personas físicas y jurídicas investigadas” y su “eventual macro enjuiciamiento”.
Valora igualmente “la necesidad de impulso de las actuaciones, evitando en lo posible dilaciones innecesarias que, de producirse, pudieran afectar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva”.
A su juicio resulta posible “escindir la causa a fin de posibilitar la pronta conclusión y enjuiciamiento de los investigados, cuyo enjuiciamiento independiente se vería agilizado sin que por ello exista riesgo de ruptura o división de la continencia de la causa”.
