HRW: La decisión de la CPI es un “mensaje contundente para quienes han cometido abusos”

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El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien anunció el inicio una investigación sobre Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad, “es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron“. 

“Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, lo cual requiere una reforma profunda del sistema de justicia disfuncional y politizado en el país, la CPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia”, señaló Vivanco. “Para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela y en otras situaciones a nivel global, los Estados miembros de la CPI deben redoblar su apoyo político y económico a este tribunal“. 

Este miércoles 3 de noviembre el fiscal de la CPI, Karim Khan anunció que abrirá una investigación sobre Venezuela por delitos de lesa humanidad, luego de una visita de tres días por la nación latinoamericana. 

“La Fiscalía abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, que es Estado miembro de la CPI, en febrero de 2018. En septiembre de ese año, seis Estados miembros de la CPI pidieron que la Fiscalía investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Fue la primera vez que un grupo de países solicitó conjuntamente a la Fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI. Esta remisión por los Estados permite que el fiscal inicie una investigación sin aprobación previa de jueces de la CPI“, recordó la HRW. 

La HRW recordó que en diciembre 2020, la Fiscalía informó que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Estos incluían, al menos desde abril de 2017, los crímenes de lesa humanidad de “encarcelación u otra privación grave de la libertad física tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”. 

“La anterior fiscal, Fatou Bensouda, anunció en junio, al finalizar su mandato, que su oficina había concluido el examen preliminar. Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades venezolanas solicitaron a la corte que los jueces intervinieran en el examen preliminar, y la fiscal no anunció públicamente sus conclusiones. En julio, el tribunal rechazó la solicitud de Venezuela”, aseveran. 

Asimismo, recordaron que la Fiscalía concluyó que “las autoridades no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos porque los procesos internos han sido llevados a cabo, o las decisiones judiciales han sido adoptadas, con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal… y/o los procesos internos no han sido llevados a cabo de manera independiente o imparcial, lo cual significa que han sido llevados adelante de una manera inconsistente con la intención de llevar a la persona implicada ante la justicia”. 

“El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas presentó su primer informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual concluyó que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela, cometieron gravísimos abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los expertos independientes que lideran la misión señalaron que tenían motivos razonables para sostener que “la mayoría de las violaciones y crímenes… se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, … de conformidad con políticas estatales”. Los expertos concluyeron que “ciertas autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos y contribuyeron a su comisión” y que “comandantes y superiores sabían o deberían haber sabido de su comisión y… no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos””. 

También la HRW hizo referencia a los informe publicados por su oficina en 2014 y 2017, donde se identificaron presuntos abusos generalizados contra opositores en Venezuela. “(…) El tipo de abusos y el momento en que se produjeron —así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron— sugieren que el propósito no fue hacer cumplir la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas”, agregan. 

“En un informe publicado en abril de 2021, Human Rights Watch documentó nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles en tribunales militares y casos de tortura en el estado Apure, que siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Existe una brecha cada vez mayor entre el volumen de trabajo de la Fiscalía de la CPI y los recursos que tiene disponibles. La de Venezuela es la decimosexta situación que está siendo investigada por la corte y la primera en las Américas“, puntualizaron. 

En este sentido, la HRW dijo que el fiscal de la CPI deberá “priorizar esfuerzos para que los Estados miembros se comprometan a aumentar los recursos para que la corte pueda cumplir con su mandato“. 

Asimismo, enfatizaron que el poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados a pesar de que existen “evidencias”.

“Desde que el difunto presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno. Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades”, sostuvieron. 

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