El Gobierno de Estados Unidos sigue decidido a trabajar con la comunidad internacional, incluidos sus “socios” de la UE, para “restaurar los procesos y las instituciones democráticas en Venezuela”, una voluntad pública que contrasta con las posibles discrepancias en torno a la misión de observación electoral del bloque europeo, sobre la que Washington prefiere no pronunciarse.
La UE y Estados Unidos, junto a Canadá, suscribieron el 25 de junio y el 14 de agosto sendos comunicados en los que reclamaban un contexto electoral “libre, justo, creíble y transparente”, condiciones que por ahora se resisten a conceder a las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre.
Un portavoz del Departamento de Estado apuntó que la responsabilidad recae “por completo” en “quienes administran este proceso”, en este caso las instituciones vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro. “Los venezolanos y la comunidad internacional quieren un proceso creíble con un resultado que refleje la voluntad del pueblo venezolano”, añadió, según recoge la agencia Europa Press.
La Administración de Joe Biden sigue reclamando avances “sustanciales” y “creíbles” en materia democrática e incluye entre ellos la liberación de los presos políticos, el respeto de la libertad de expresión, la restitución de los derechos para partidos opositores y el cese de “ataques, intimidación y represión” contra la disidencia.