La Cancillería de Venezuela rechazó el miércoles las declaraciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que solicitó a las autoridades venezolanas garantizar una investigación independiente sobre la muerte del militar Raúl Isaías Baduel.
“El Gobierno venezolano garantiza a todas las personas privadas el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica, de conformidad con lo previsto en la Constitución y los tratados internacionales”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.
Asimismo, Venezuela negó que en el país existan personas detenidas arbitrariamente. “Todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa”, agregaron.
El Ejecutivo lamentó que la ONU ceda “sistemáticamente a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos, al tiempo que invisibiliza las reformas estructurales adoptadas por el Estado venezolano para fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad”.
Finalmente, la Cancillería hizo un llamado a “honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo, como requisito indispensable para mantener y profundizar las relaciones de cooperación y asistencia técnica actualmente existentes”, concluyen.
Baduel, quien fuera ministro de Defensa del presidente Hugo Chávez (1999-2013), murió el martes a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por el covid-19, según el fiscal general, Tarek William Saab, una versión puesta en duda por la familia del general y por diversas organizaciones.
La ONG Foro Penal señaló que con el fallecimiento del general se eleva a 10 el número de detenidos por razones políticas que han muerto bajo la custodia del Estado.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional exigió el esclarecimiento de la muerte del militar y denunció que este pasó años detenido en “condiciones inhumanas”.
