El fiscal general Tarek William Saab rechazó este jueves el informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos de Naciones Unidas que denunció el papel del sistema judicial venezolanos en las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público (MP), en Caracas, Saab también anunció la creación de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos.
Sobre esta unidad especializada, estará conformada por cuatro fiscales nacionales conocedores de la materia, cuatro fiscales auxiliares, investigadores, expertos criminalísticos, técnicos profesionales, médicos forenses y médicos patólogos.
“Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolanos y los fiscales; quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas”, dijo.
El fiscal general acusó al Grupo de Lima de pagar cinco millones de dólares estadounidenses (USD) a los miembros de dicha Misión Internacional Independiente de los Hechos de Naciones Unidas con el objetivo de “ofender la labor de los fiscales y jueces del sistema de justicia y del Ministerio Público”.
“Rechazamos el informe de la mencionada comisión que mancilla la imagen de nuestros funcionarios. A pesar de la pandemia seguiremos trabajando día a día en pro de los derechos humanos”, agregó.
“Hicieron un panfleto atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a fiscales y jueces que arriesgamos la integridad física y que también exponemos de forma clara cómo deben hacerse las cosas en temas de DDHH, delincuencia organizada y narcotráfico”, aseguró Saab.
Para Saab, no es casualidad que el texto de la ONU aparezca cuando “el país avanza hacia el diálogo y la resolución de diferencias a través del voto”.
El fiscal celebró la aprobación en primera discusión de un paquete de siete leyes relacionadas con derechos humanos que, a su juicio, es una demostración clara del aporte del Estado venezolano en pro de la legalidad.
“Todo lo que hemos hecho nosotros para imponer acciones judiciales oportunas ante violaciones de DD.HH. revela la necesidad de justicia de esta institución. Dudo que en los países del Grupo de Lima puedan decir lo mismo”.
Subrayó que en el país hay más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de derechos humanos, y preguntó a la Misión de la ONU qué quería que se hiciera en relación a la “incursión marítima y ante los planes de matar a través de una agencia tercerizada”.
“¿Qué esperaban?, ¿Qué no se actuara?, ¿Cómo se puede llamar a las personas detenidas por estos hechos?, ¿Son personas pacíficas?, ¿Qué se puede decir sobre los grupos armados en Altamira?, ¿Cómo se les llaman?, ¿Agentes de la libertad? No nos parece”.
Finalmente, Saab agregó que el Ministerio Público debe “actuar contra aquellos que atentan contra los derechos humanos supuestamente amparados por una credencial”, concluyó.
