La justicia venezolana lanzó un nuevo señalamiento contra el líder opositor Juan Guaidó en medio de un proceso de negociación entre las partes políticas venezolanas en Ciudad de México, pero ¿en qué consiste? ¿Tiene algo que ver con esa mesa?
La noche del martes, el fiscal general, Tarek William Saab, informó del inicio de una investigación a Guaidó por “usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir” en relación a la situación con la empresa de capital venezolano Monómeros.
En una publicación de Twitter y sin ofrecer mayores detalles, agregó que, para este fin, fueron designados dos fiscales.
El líder opositor se refirió a los nuevos señalamientos indicando que “los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos”.
Desde 2019, tan solo la Fiscalía, ha abierto al menos cinco investigaciones contra Guaidó por presunto daño a la paz de la República, sabotaje al sistema eléctrico y corrupción, entre otros señalamientos.
El líder opositor, además, tiene prohibición de salida del país y se le dictó congelación de bienes.
¿Qué ocurrió en Monómeros?
Estos nuevos señalamientos surgen después de que, la semana pasada, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, encargada de la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles en el país, sometió a Monómeros bajo la figura de “control”.
Se trataría del “máximo grado de supervisión” con una atribución, detallan en un comunicado, de carácter “administrativo” que se habría tomado tras “identificarse situaciones susceptibles de mejora, en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos”.
La compañía no tardó en responder a la decisión. En su propio comunicado, expresan su “desacuerdo” con los fundamentos de la Superintendencia, pues indican que parecen haberse basado “en información desactualizada y en apreciaciones”.
Afirman que los resultados financieros de la empresa en el primer semestre del año “fueron realmente positivos” y aclaran que la situación no está en la agenda de discusión del proceso de diálogo que llevan las partes venezolanas en Ciudad de México.
Este fin de semana, Carmen Elisa Hernández, presidenta de la junta directiva de la empresa, presentó su renuncia por no compartir precisamente la posición tomada por la compañía ante esta decisión del órgano colombiano pues considera la medida como una “protección”.
¿Qué dicen el Gobierno y la oposición?
Entre tanto, el gobierno venezolano rechazó la acción del organismo colombiano, calificándolo de un “asalto” y solicitando que la empresa sea devuelta a su “legítimo dueño”.
En una comunicación publicada por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, resaltan que en el diálogo iniciado en México parte de la agenda es la “restauración y consecución de recursos”, que se referiría, entre otros activos, a Monómeros.
En este sentido, explican que el presidente Nicolás Maduro ordenó a su delegación que se incluya en las discusiones de esta mesa “el asalto a un bien del pueblo de Venezuela”.
Horas antes de conocerse la nueva acusación del Ministerio Público, Guaidó se refirió al asunto e indicó que Monómeros “es y va ser de los venezolanos” en titularidad y administración.
“Lo que estamos haciendo es todos los esfuerzos para resguardar y proteger un activo que es de los venezolanos”, indicó en rueda de prensa este martes.
“¿Esto es un anuncio más?”
Joel García, abogado especialista en derecho penal, explica que tratándose de activos venezolanos en manos de venezolanos, la justicia nacional tiene competencia territorial para, de ser realmente el caso, poder iniciar una investigación, juzgar y condenar por delitos conocidos como ‘delitos conexos’.
El también profesor universitario explica que, de acuerdo a las leyes venezolanas, no se puede seguir al mismo tiempo contra un imputado diversos procesos aunque haya cometido diferentes delitos. De ser el caso, debería ser una sola causa ante un tribunal.
“En el caso de Juan Guaidó, él no está siendo juzgado en libertad, él no ha sido imputado formalmente”, afirma el abogado a la Voz de América.
Teniendo ejemplos, comenta el abogado, de casos de otros personas que por algún comentario en redes sociales son sometidas a un proceso judicial, “la pregunta es: ¿qué es esto? ¿Esto es más un anuncio más para el público o sus adeptos, o qué realmente van hacer?”.
“No creo que mueva el tablero”
Para García, esta nueva acusación es una “reacción más” a los que está sucediendo internacionalmente relacionado a Venezuela, como la extradición pendiente en España del ex jefe de los servicios de inteligencia Hugo Carvajal, la extradición pendiente en Cabo Verde del empresario Álex Saab o las conversaciones entre las partes iniciadas el mes pasado en México.
Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores, por su parte, señala que aunque la acusación, lo ocurrido con Monómeros y la agenda del diálogo son “terrenos diferentes” se trataría de una oportunidad para el gobierno de “generar una nueva acusación sobre Juan Guaidó, justamente en uno de los puntos que puede tener mayor desconocimiento para el público, que es el control de los activos venezolanos en el exterior y esa protección sobre diferentes compañías”.
Estando en el marco de un proceso de negociaciones, agrega el analista político, viene a sumar a “esa persecución que está viendo a algunos actores de oposición”.
En este sentido, considera que la comunidad internacional lo va a ver cómo un “agregado más” de esta persecución y pudiera hacer una exhorto para que el gobierno abandone estas prácticas.
“Yo no creo que mueva el tablero por parte de la oposición de lo que va ir a buscar justamente en México, así como tampoco va mover lo que está buscando el Gobierno”, expone Ramírez a la VOA.
VOA.
