El gobierno de Venezuela está permitiendo que empresas privadas dirijan al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas hace una década, según una decena de personas familiarizadas con la situación citadas por Reuters, lo que sería un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que sufrieron una merma bajo la gestión estatal.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene la propiedad de firmas en dificultades que producen alimentos que van desde harina de maíz y productos lácteos hasta atún enlatado y semillas, pero licenció las operaciones a terceros a cambio de un pago, según las fuentes y documentos vistos por la agencia.
Es sería un ejemplo de cómo Maduro lleva adelante una liberalización económica que comenzó en 2019 en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y un colapso económico.
Pero parece poco probable que esto cambie drásticamente la productividad agrícola luego de una década de subinversión y una economía hecha jirones por años de hiperinflación, según economistas.
“Cambiando el modelo de gestión”
“Con la crisis económica, se está cambiando el modelo de gestión para aumentar los ingresos o reducir el gasto estatal“, dijo el economista Richard Obuchi, director de la consultora local ODH.
“El control del gobierno ha ido perdiendo su significado“, agregó.
Los operadores privados deben asumir los costos de nómina y financiar inversiones, y destinar parte de su producción a programas estatales de distribución de alimentos, dijeron las fuentes.
Una de las empresas ahora bajo administración privada es Industria Venezolana Maicera Pronutricos, fabricante de harina de maíz, que fue nacionalizada hace 11 años.
“Alianzas estratégicas”
Este año, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a alrededor de 16.000 dólares estadounidenses (USD) por mes, según una copia del acuerdo vista por Reuters.
Estos arreglos están cubiertos por una “ley anti-bloqueo” destinada a renovar la economía en respuesta a las sanciones. La ley fue aprobada en 2020 por una legislatura progubernamental paralela llamada Asamblea Nacional Constituyente, que se disolvió en diciembre.
Los funcionarios estatales describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como “alianzas estratégicas”.
“Se crean alianzas estratégicas para que (empresas privadas) sean las que administren las (empresas estatales)”, dijo Rafael Calles, gobernador del estado agropecuario de Portuguesa, en una entrevista. “Ninguna de estas alianzas implica venta de acciones. La empresa sigue en manos del Estado”.
Dijo que Portuguesa recibe alrededor de USD 60.000 por mes de empresas que operan empresas nacionalizadas, agregando que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.
