El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) rechazó las apreciaciones de la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, que cree que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido “crímenes contra la Humanidad” desde 2017, y señaló que “no se ajustan a la realidad”.
“Rechazamos las declaraciones emitidas por Bensouda y reiteramos nuestro compromiso de trabajar y colaborar con el nuevo fiscal, Karim Khan, para suministrar cualquier información que se nos sea requerida, a los fines de colaborar en el trabajo que viene realizando en el análisis preliminar de las denuncias presentadas ante su oficina”, señaló el presidente del TSJ, Maikel Moreno, antes de invitar a Khan a visitar “oficialmente” Venezuela.
En un comunicado, el TSJ defendió que el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han colaborado “ampliamente” respecto al examen preliminar de la investigación, “sin que por entonces la titular del despacho fiscal haya realizado algún requerimiento, ni una notificación de los hechos que se encontraba analizando”.
“Desde el Estado venezolano hemos dado muestras sinceras y significativas en cuanto a las actividades desarrolladas por nuestras instituciones y se han llevado a término diversas investigaciones en materia de Derechos Humanos (…) a fin de determinar el incumplimiento de los parámetros legales que sustentan la función policial y militar y comprobar si han actuado o no en inobservancia de las leyes y reglamentos que los rigen”, sostuvo.
En este sentido, hizo hincapié en que todas estas investigaciones se han sustentado en el marco del Estado de Derecho y la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político. “El Estado venezolano garantiza el principio de seguridad jurídica“, incidió.
“Ofensa al sistema judicial“
Asimismo, el TSJ consideró que la CPI “actuará solo cuando la jurisdicción nacional no esté disponible o no sea efectiva” y señaló que “establecer una competencia irrestricta” a la corte internacional “significaría duplicar esfuerzos y gastos, generando una ofensa al sistema judicial que probablemente no se justifique”. En este sentido, recordó que el rol de la CPI es “supletorio”.
Bensouda señala en un documento fechado el 15 de junio pero hecho público la semana pasada que el Gobierno de Maduro ha cometido “crímenes contra la Humanidad” al menos desde abril de 2017 en el marco de la represión emprendida contra la oposición en Venezuela en un informe dejado a su sucesor en el cargo, quien ahora debe decidir si se abre una investigación formal sobre tales denuncias.
El informe de Bensouda tiene que ver con uno de los dos exámenes preliminares sobre el país abiertos por la Fiscalía. ‘Venezuela I’ deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018 en relación con los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.
Por otra parte, ‘Venezuela II’ examina por petición del Ejecutivo de Maduro si se han cometido crímenes contra la Humanidad “como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos”. Caracas establece como punto de inicio a tener en cuenta el año 2014.
