La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó el miércoles que existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017, en medio de las protestas antigubernamentales contra Nicolás Maduro.
“La fiscal (Fatou Bensouda) ha llegado a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, las autoridades civiles, los miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación a las normas fundamentales del derecho internacional”, señala el informe dejado por la exfiscal Fatou Bensouda a su sucesor, Karim Khan.
En el documento con las observaciones de Bensouda, al que ha tenido acceso Sumarium, la Fiscalía se ha centrado en un subconjunto de alegaciones relacionadas con el trato de las personas detenidas por parte de los miembros de los distintos organismos de seguridad, señalados como los presuntos responsables de los delitos.
Entre los cuerpos de seguridad mencionados se encuentran: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las Fuerzas de Acción Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Bensouda denuncia “inacción” del Estado
Además, la Fiscalía de la CPI indicó que algunos individuos progubernamentales también habrían participado en los actos de represión a miembros de la oposición, por lo que concluyó que los “posibles casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles” para un proceso de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Roma.
En este sentido, Bensouda señaló que la investigación de la CPI probablemente se derivaría por una “inacción” del Estado venezolano ante los hechos denunciados, debido al limitado número de procedimientos internos relacionados con los casos identificados por la Fiscalía, su alcance limitado en relación con sus conclusiones y la falta de medidas concretas para determinar la responsabilidad penal de las personas sospechosas.
“Las autoridades no están dispuestas a investigar y/o procesar estos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han emprendido procedimientos internos o se han tomado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, agrega el informe.
Tras conocerse las conclusiones de la fiscal saliente, el británico Karim Khan decidirá sobre la admisibilidad de las denuncias y la apertura de una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional.
Caso de Venezuela en la CPI
El pasado mes de junio, el fiscal general Tarek William Saab solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que convocara a “una reunión con las partes”, a propósito del examen preliminar sobre Venezuela, con el fin de debatir sobre un proceso justo e igualitario”.
Antes de abandonar su puesto, Fatou Bensouda aseguró que esperaba anunciar la decisión de si abría o no una investigación en Venezuela antes del 15 de junio, fecha en la que culminó su mandato en la CPI.
Sin embargo, no puedo ser posible debido a una solicitud interpuesta por el Ministerio Público (MP) de Venezuela en la que denunciaron un trato “discriminatorio” respecto al que reciben otros países bajo examen preliminar.
En noviembre de 2020, la exfiscal adelantó que existen “fundamentos razonables para creer” que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y en su último informe, detalló posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
