La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España acordó decretar la libertad provisional del opositor venezolano Rolando Figueroa, detenido en la prisión de Teixeiro (A Coruña), a la espera de resolución de su segunda petición de asilo o de su entrega a las autoridades de Venezuela.
En un auto de 4 de agosto, los magistrados estimaron el escrito presentado por la defensa del venezolano en el que se solicitaba su libertad y estimaron la prohibición de salida del país, entrega de pasaporte y presentación diaria ante el juzgado o comisaría más próximo a su domicilio.
“El tribunal, de forma coincidente con lo que informa el Ministerio Fiscal, tiene en cuenta que durante la mayor parte de la tramitación del procedimiento de extradición el Sr. Rolando José Figueroa Martínez ha estado en libertad provisional sin quebrantar en ningún momento las condiciones impuestas ni por el juzgado ni por este tribunal, incluso se presentó voluntariamente ante la justicia en el momento en que se puso en marcha la fase de ejecución de la entrega”, precisó la Sala.
La Audiencia Nacional española acordó en noviembre de 2019 la entrega de Figueroa a las autoridades de Venezuela para ser enjuiciados por unos hechos que constituirían un delito de estafa agravada, y se denegaba para el enjuiciamiento de un delito de asociación para delinquir.
Petición de asilo
Finalmente, la entrega fue suspendida por resolución del pasado 28 de julio ante la segunda solicitud de asilo presentada por Figueroa —la primera le fue denegada— tras ser recluido en la prisión de Teixeiro (A Coruña).
Figueroa, miembro del partido opositor Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López y Juan Guaidó, se entregó el pasado junio en el Juzgado de Instrucción Número 6 de A Coruña, ciudad en la que vive junto a su mujer y sus hijos, todos ellos de nacionalidad española, desde que la familia regresó a España procedente de Venezuela en 2017.
El venezolano se entregó por consejo de sus abogados del bufete Oliver Abogados —que asumió la causa ‘pro bono’— después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictara un auto con fecha 7 de junio ordenando su búsqueda, detención, ingreso en prisión y puesta a disposición de la Policía Internacional (Interpol) para que ésta a su vez se ocupe de remitirlo a las autoridades venezolanas.
“Causa política”
Caracas pidió su extradición en 2018 por, supuestamente, haber estafado 100.000 euros a una mujer que habría pagado por un tratamiento médico que nunca recibió. La empresa con la que lo habría contratado pertenecía a Figueroa y otro socio, que está en Venezuela. Sin embargo, el opositor asegura que ya había salido de la mercantil en las fechas en las que se habrían producido los hechos denunciados.
Figueroa apunta a una clara significación “política” del caso, dado que la mujer es Mayerling Rojas, vinculada al aparato oficialista y a quien ya conocía de su breve paso por el Ministerio de Interior y Justicia. Allí coincidieron, ella como directora general de Derechos Humanos y él como asesor jurídico. De acuerdo con el relato del opositor, fue cesado por discrepancias ideológicas con Rojas y ella le espetó: “Te vas a acordar”.
Tras su salida del Ministerio, se embarcó en la militancia política ingresando en las filas de Voluntad Popular y organizando y participando en movilizaciones opositoras, incluidas las fuertes protestas que tuvieron lugar en 2017 en las calles de Caracas contra las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocadas por Maduro.
