La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la impugnación hecha por el Ministerio Público venezolano sobre la investigación que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha iniciado sobre la presunta violación de derechos humanos en Venezuela.
La resolución preliminar, con fecha del pasado 2 de julio, se conoció este lunes y fue suscrita por los jueces Peter Kovács, Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.
La Fiscalía de la CPI tendrá hasta el próximo 23 de julio para emitir una decisión sobre si admite o no la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según detalló Gonzalo Himiob, abogado y director de la ONG Foro Penal.
En tanto, también dio plazo hasta el próximo 21 de julio a la Fiscalía venezolana para que presente sus alegaciones editadas.
Este pronunciamiento da respuesta a la solicitud de la Fiscalía de la CPI para que los escritos presentados durante la incidencia sean publicados con versiones editadas para proteger a las víctimas y testigos.
Además, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI desestimó el recurso de control judicial presentado por Venezuela por “improcedente y extemporánea”.
El pasado mes de junio, la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, señaló que había tenido la intención de pedir la apertura de una investigación formal sobre crímenes cometidos por las fuerzas del Estado venezolano, pero se le impidió hacerlo tras la impugnación presentada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab el pasado 27 de mayo.
En manos de Karim Khan
Ahora, el recién nombrado fiscal Karim Khan, decidirá si procede o no una investigación formal por la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la Administración socialista.
La Corte Penal Internacional abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad, durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
Según adelantó Bensouda en noviembre de 2020, existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En el último informe publicado, mencionó posibles casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticas, cuyas víctimas principales habría sido miembros de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó.
