El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmó esta semana que la única decisión válida sobre si su país extradita o no a Estados Unidos al empresario colombiano con vínculos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Alex Saab, es la del Tribunal Constitucional de esa nación africana y se abstuvo de intervenir en el caso.
“Puede que tenga una opinión (sobre el caso), pero es inútil. La opinión que cuenta es la opinión del Tribunal Constitucional. La decisión que importa aquí es la de los tribunales, porque, lo que decida el Tribunal Constitucional, se decide y se cumple”, manifestó en conversaciones con la prensa, reflejadas por el diario local Noticias do Norte y medios venezolanos.
Saab, de 49 años, está detenido desde junio de 2020 y recientemente puesto bajo arresto domiciliario en Cabo Verde, cuando su avión se detuvo a recargar combustible en la isla de Sal. Estados Unidos lo acusa de liderar una red internacional de lavado de activos y de sobornos a favor del gobierno de Maduro, que le defiende e identifica como su enviado especial para asuntos humanitarios en África y Medio Oriente.
El Tribunal Supremo reiteró en marzo pasado que Saab debía pasar a custodia estadounidense, a pesar de un fallo de una instancia regional determinó que debía quedar libre. Hace una semana, un comité especial del Consejo de Derechos Humanos pidió a la nación africana que “se abstenga de extraditar a Saab”.
“¿Hago un decreto presidencial?“
Se espera que el Tribunal Constitucional tome una decisión sobre el asunto en breve. Pero Fonseca, un exdocente universitario de derecho que preside Cabo Verde desde hace 10 años, reivindicó la independencia judicial de su país para explicar por qué no piensa emitir decreto ni opinión sobre el caso de Saab.
“Como presidente de la República, supongamos, aunque yo pensara que había problemas de justicia, injusticia, legalidad o ilegalidad, no tengo forma de intervenir. No puedo. ¿Cómo intervengo? ¿Hago un decreto presidencial?”, expresó ante periodistas en Praia, capital de Cabo Verde.
Simpatizantes del gobierno de Maduro calificaron a Fonseca en Twitter como “Pilatos” por sus declaraciones sobre el expediente judicial de Saab.
“No tiene sentido”
El presidente caboverdiano argumentó un principio legal que enseñó en sus tiempos de profesor para explicar por qué no puede actuar sobre el caso.
“Los actos de arresto o detención y liberación son actos materialmente jurisdiccionales. Esto significa, en un sistema como el nuestro, que solo un juez puede arrestar o poner en libertad, porque es el único con facultades jurisdiccionales para retirar o devolver la libertad. Puede haber países donde esto sea posible. Pero no en Cabo Verde”, manifestó.
Insistió en que “no tiene ningún sentido” ejercer presiones sobre los jueces y especuló que, de hacerlo, le valdría dejarse “crucificar” por la opinión pública.
Fonseca confirmó que está bien informado sobre el dossier de Saab y mencionó que trató el tema en días recientes con la Procuraduría de Cabo Verde. El asunto está en una fase de apelación que debe resolver el Tribunal Constitucional, dijo.
“Es una jurisdicción autónoma”
“Por el momento, el proceso se encuentra en el Tribunal Constitucional, que es una jurisdicción autónoma. No hay nadie que esté conectado al proceso que no sepa que ni el presidente de la República, ni el primer ministro, ni el ministro de Justicia pueden intervenir o suspender cualquier cosa de un proceso que se encuentre en las instancias jurisdiccionales”, remarcó a los periodistas.
Sobre las recomendaciones o fallos de un comité del Consejo de Derechos Humanos o de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que desalientan la extradición del empresario a Estados Unidos, Fonseca se declaró confiado de que los miembros del Tribunal Constitucional están “capacitados” para saber si una solicitud o decisión de otro organismo es vinculante.
La cancillería venezolana celebró la semana pasada mediante un comunicado la opinión de un comité del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la extradición. La Casa Blanca y los Departamentos de Estado y Justicia han mantenido silencio sobre la solicitud que Estados Unidos formalizara el año pasado, cuando el republicano Donald Trump ocupaba la presidencia.
VOA.
