Venezuela, entre los países con menos capacidad para controlar la corrupción

América Latina experimentó una nueva ola de retrasos a consecuencia de la pandemia por coronavirus, según el ranking de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021, presentado este lunes en la ciudad de Londres, en el que Venezuela se ubicó en el puesto más bajo. 

Esta clasificación evalúa y clasifica a 15 países latinoamericanos, de acuerdo a la eficacia con la que pueden luchar contra los actos de corrupción.

Las naciones con mayor puntuación se consideran más propensas a ver actores corruptos procesados y castigados.

Uruguay se ubicó como el país con la puntuación más alta (7.80/10), seguido de Chile (6.51), Costa Rica (6.45), Perú (5.66), Argentina (5.16), Brasil (5.07), Colombia (4 .81), Ecuador (-4 77), Panamá (4.55), la República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43) y Venezuela (1.40).

Según el índice, cinco de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas; siete no presentaron cambios y tres aumentaron de posición. Además, señalaron que Brasil y México sufrieron las caídas más bruscas.

En el caso de Brasil, registró una bajada del 11 % en la categoría de democracia e instituciones políticas, donde el estado de relaciones ejecutivo-legislativo fue un factor clave.

Por otra parte, México cayó un 7 %, ubicándose en el undécimo puesto. En esta opción, pesaron variables como la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.

República Dominicana fue uno de los países que más mejoró en esta oportunidad, pasando del puesto número 13 a la posición 10,  registrando avances significativos en la categoría de capacidad legal. 

Uruguay, Chile y Costa Rica reflejaron una estabilidad como consecuencia de la calidad de la democracia y la fortaleza de sus instituciones políticas, al igual que en Perú, a pesar de los problemas políticos registrados a finales de 2020. 

El informe también indicó que Panamá y Ecuador experimentaron mejoras, mientras que los aumentos de politización de las instituciones anticorrupción redujeron las puntuaciones de países como Argentina y Colombia.

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