El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este sábado que el Ministerio Público (MP) entregó un nuevo informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), recordó el trabajo realizado por el Ministerio Público (MP) en defensa de los derechos humanos, el cual aseguró “algunas instancias han querido invisibilizar o menospreciar esta labor”.
Precisó que en tres años y ocho meses, el Ministerio Público ha imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, informó sobre la aprehensión de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares, durante este tiempo.
Según el fiscal general, un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles han sido acusados, y se han logrado 153 condenas.
Caso Fernando Albán y Juan Pablo Pernalete
Durante su alocución, Saab ofreció detalles de algunos casos, entre ellos la muerte del concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, y confirmó que dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron detenidos e imputados por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.
Asimismo, se refirió al caso del estudiante Juan Pablo Pernalete, quien murió durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017. Saab recordó que el joven falleció a causa de un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, y señaló que por el hecho se logró la imputación de 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
También destacó que cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron acusados por los delitos de “homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible”, por los hechos registrados en el barrio El Limón, en La Guaira.
Sobre el caso de ajusticiamiento de dos integrantes de la televisora comunitaria Guacamaya TV en el Zulia, señaló que cinco funcionarios policiales fueron acusados por “homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros, además de una exfiscal del MP por encubrimiento y asociación”.
Proceso de reestructuración de la PNB
El fiscal general sostuvo que como parte de los “compromisos voluntarios adquiridos por el Estado venezolano”, se inició un proceso de reestructuración de la PNB, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N° 42.105 del pasado 13 de abril.
“Este proceso tendrá una duración de seis meses”, dijo tras agregar que dicha propuesta contó con la participación del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, además de la Defensoría del Pueblo.
“En el tiempo que tenemos al frente del Ministerio Público, ha quedado claro nuestro compromiso por investigar cada violación a los derechos humanos que puedan haber cometido funcionarios de seguridad del Estado”, resaltó.
Ante ello, Saab confirmó que Venezuela solicitó una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los hechos, con el objetivo de poder determinar si las medidas adoptadas por el Estado han sido “suficientes para la evaluación que se realiza en la fase actual”.
Finalmente, el fiscal general señaló que en los próximos días dará a conocer nuevos avances sobre estos casos.
