El Gobierno de Argentina ha encargado al procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, que se constituya como querellante en nombre del Estado en la causa contra el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente argentino, Alberto Fernández, ha impulsado la querella en la causa que se tramita en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número cinco de la capital federal, informa la agencia Télam.
El Gobierno ha ordenado a Zannini que “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.
“Que endeudarse no salga gratis”
Fernández promueve así la querella que ya anunció en su apertura del curso político en marzo, en el que señaló que el Ejecutivo anterior “recibió el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional”.
“Los 44.000 millones (de dólares) se esfumaron antes de que asumiéramos. En 2018 la Argentina fue sumergida en una profunda crisis. No tenemos que permitir nunca más un endeudamiento asfixiante“, lamentó entonces, así como aseveró que “para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar el país, es necesario asegurarse de que endeudarse no salga gratis”.
El decreto, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete, santiago Cafiero, el ministro de Justicia, Martín Soria, y el de Economía, Martín Guzmán, recoge también que el procurador inicie “las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Asimismo, indica que la Sindicatura General de la Nación tiene que analizar la existencia y cuantía “del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada” y solicita la “colaboración” del Banco Central de la República de Argentina.
El Gobierno actual se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional una reformulación del programa debido a las imposibilidades del país de afrontar los pagos que comienzan el año que viene, después de haber renegociado también el pago de la deuda privada.
